En el Consejo Directivo de Comfama se sientan cinco representantes de las empresas y cinco de los trabajadores, que no siempre piensan igual. Aun así, llevan cinco o seis años sin necesitar una votación.
Juan Rafael Arango Pava, gerente de Fatelares, preside el Consejo y lo cuenta como un dato: en ese tiempo no han tenido que votar ni una sola vez, porque todas las decisiones se han tomado por consenso.
Eso no quiere decir que piensen igual. Cada consejero llega con su postura, y Arango describe sesiones largas, de mucho análisis, en las que las diferencias no frenan la conversación, sino que la obligan a afinarse.
Que empresarios y trabajadores compartan la mesa no depende solo de la buena voluntad, sino del diseño. Desde el comienzo, en el Consejo de Comfama se han sentado unos y otros, y desde 1984 la ley lo garantiza para todas las cajas: el mismo número de sillas, las mismas obligaciones y los mismos derechos. A los empresarios los elige la asamblea de empleadores afiliados y a los trabajadores los designa el Ministerio del Trabajo, a partir de listas de las centrales sindicales, de modo que ningún lado puede imponerse solo.
Tampoco todo se decide en esa mesa. Buena parte del 4 % ya tiene destino por ley: la cuota monetaria, la vivienda, la salud, la protección al desempleo y la primera infancia, y el valor de la cuota y lo que va a vivienda los fija cada año la Superintendencia del Subsidio Familiar.
El Consejo decide el resto, unos $32 de cada $100 que aportan las empresas con los que se definen programas de educación, cultura, parques y recreación. Allí se fijan también las tarifas de cada categoría, la política salarial de la Caja y las compras o ventas importantes, y cada tema llega después de pasar por un comité: el financiero, el de auditoría o el de ética y buen gobierno.
Y que haya consenso no significa que todo se apruebe: una propuesta puede volver al comité, cambiar en la discusión o quedarse en el camino.
Además, hay controles. Al posesionarse, cada consejero firma un manifiesto en el que se compromete a poner el interés de la Caja por encima del propio, cada año declara sus posibles conflictos de interés y el Consejo se evalúa con asesores externos. Un revisor fiscal presenta su propio informe ante la asamblea, y un informe anual de gobierno corporativo publica las decisiones más importantes, cuánto ganan los consejeros y a cuántas sesiones asistió cada uno.
En una caja de compensación no hay un dueño que imponga su agenda. La máxima instancia de Comfama es la asamblea de sus más de 129.000 empleadores afiliados, y allí el que más votos tiene concentra apenas el 2.5 %.
Al final, el Consejo tiene tres tareas: cuidar el propósito con el que nació la Caja, revisar con frecuencia qué funciona y qué no, y mantener abierta la conversación entre empresarios y trabajadores.
El ABC de la compensación
El gobierno corporativo de una caja
Asamblea.
Las empresas afiliadas. Es la máxima autoridad de la Caja.
Consejo Directivo.
Cinco representantes de las empresas y cinco de los trabajadores que deciden el rumbo de la Caja.
Paridad.
Mismas sillas, obligaciones y derechos para unos y otros. Es ley desde 1984.
Revisor fiscal.
Auditor independiente que revisa las cuentas.
Superintendencia del Subsidio Familiar.
Entidad del Estado que vigila a todas las cajas.
6 entidades
del Estado vigilan a las cajas: las superintendencias del Subsidio Familiar, de Salud, Financiera y de Industria y Comercio, la Contraloría y la Procuraduría. Fuente: Asocajas, 2026.
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